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domingo, 19 de octubre de 2014

En medio de la lluvia, Kemakumake despide a sus hermanos


Para los wiwas la de ayer no fue una tarde cualquiera. No todos los días se preparan para despedir a 11 miembros de su resguardo. Entre ellos el dolor no ha sido tan fulminante como la caída del rayo, que el pasado lunes acabó con la vida de sus hermanos. La resignación de tener que devolverlos a la tierra envueltos en sábanas blancas los mantiene cabizbajos.
En El Encanto, la población wiwa más cercana al lugar de la tragedia, Kemakumake, ayer no había casi nadie. La mayoría de sus habitantes emprendió una travesía de más de cuatro horas por la Sierra Nevada para llegar a tiempo a darle el último adiós a los cuatro mamos y siete miembros del resguardo que “cerraron los ojos para siempre”.
José Miguel Simungama, tío de Awimahv Gil, una de las víctimas, no fue al ritual de sepultura. Dijo que su comunidad estaba a la espera de otra señal de la naturaleza que confirmara que los suyos están en paz, y que las autoridades le habían encomendado la tarea de recibir a los familiares que venían desde los pueblos wiwas de la Sierra cerca de Valledupar y de toda la cuenca del río Guachaca.
Restregando su poporo, objeto de tradición hecho en totumo, sentado sobre un tronco en la entrada de El Encanto, el indígena de 25 años explicó que la caída de otra descarga eléctrica en medio de la tormenta que se registró ayer sobre la espesa zona montañosa sería la respuesta que esperaban las autoridades del cabildo para despedir a sus familiares.

La sepultura de los once cuerpos comenzó después de las tres de la tarde, según informó Simongama. No acostumbran a aplazar este tipo de rituales. Llueva, truene o relampaguee siguen  con sus planes.  El grupo de 14 indígenas que no pudo llegar desde la mañana a Kemakumake en el helicóptero que dispuso la Primera División del Ejército subió a la Sierra caminando. Algunos dejaron sus pertenencias en El Encanto, población que tiene la denominación de sitio sagrado Gotxhi.
El emotivo funeral de los wiwas se habría realizado según las normas del resguardo para los casos en los que los miembros mueren a causa del impacto de los rayos, que consiste en cavar tumbas de más de dos metros de profundidad sobre la tierra junto al lugar en el que murieron y “devolver” los cuerpos envueltos en telas blancas, que simbolizan la paz.
Con la mirada perdida y una tristeza inconsolable, una de las hijas de José María Moscote Gil, líder de los wiwa y encargado del puesto de salud de El Encanto, lamentó no haber podido asistir al rito ceremonial en el que darían el último adiós a su padre. Una fuerte tormenta le impidió caminar las cerca de cuatro horas que toma subir hasta kemakumake.
“Antes no le temíamos a los rayos, pero desde que pasó esta tragedia y perdimos a nuestros hermanos no es lo mismo. Vivimos para escuchar a la naturaleza y protegerla”, dijo Simungama.

El gobernador del cabildo wiwa, Víctor Loperena, había anunciado que desde la mañana de ayer ante oficiales del Ejército de Santa Marta que por tierra o por aire llegarían al sepelio de los mamos Narciso Simungama Mojica, delegado del resguardo de Umake, y Juan Ramón Gil Mojica, así como de Daniel Gil Mojica, Juan Gil Pinto, Manuel Sauna, José Domingo Zarabata Moscote y Mariano Sauna Gil.
Por los pantanosos caminos que hay que atravesar para llegar hasta El Encanto, donde funciona el colegio Zalemakú Sertuga y el comedor escolar de los wiwas en los que reciben clases y se alimentan cerca de 300 niños indígenas, ayer hizo más frío que de costumbre, “las nubes lloran”, decían los indígenas mientras los truenos se escuchaban cada vez más cerca.
Apenas unos seis indígenas merodean el resguardo, ninguno ríe. Están de luto. Dicen que sienten dolor, pero también paz. La neblina empaña el paisaje. Indígenas como Julio Malo aseguran que con la despedida de sus hermanos el panorama no podría ser más gris.


sábado, 18 de octubre de 2014

La casa de Gaspar, el que ‘mide’ el río, se cae a pedazos

Gaspar Pino es el observador voluntario del Ideam que reseña el nivel del agua desde hace 10 años, reclama ayuda del Gobierno Nacional para reparar su vivienda, afectada por la inundación de 2010 en Santa Lucía





Gaspar Emilio Pino Martínez y Bertha Felipa Villa Villa se juraron amor eterno hace 45 años en la iglesia de Santa Lucía, su municipio natal. Nunca se habían separado por más de un par de días, hasta que la casa en la que criaron a sus seis hijos se anegó, durante la temporada invernal del 2010.
Este hombre de 66 años lleva más de una década como voluntario encargado de medir dos veces por día el nivel del río Magdalena, en la estación del Ideam situada en San Pedrito, jurisdicción de Suán.
No recibe un peso por trasladarse desde su vivienda, ubicada en la calle 13 número 7-38, en el barrio Pueblo Nuevo, hasta la sede de monitoreo. Llegar allá le toma cerca de 25 minutos en la moto marca Sigma modelo 2008 que maneja hace siete años. Cuenta que cuando iba en bicicleta salía una hora antes, para poder apuntar la medida precisa a las seis de la mañana y de la tarde.
Un sueño de toda la vida. El oficio lo aprendió de su tío, Gilberto Altamar González, a quien cuando era joven le asignaron una caseta de medición. Asegura que ama su trabajo, aunque no le represente ingresos. Sobrevive con lo poco que sus hijos -Gaspar, William, Mariela, Odette, Roquelina y Usaris- le dan “para la comida”.
Antes de ser observador hidrometeorológico se ganaba el sustento sembrando yuca, auyama, melón, patilla, fríjol y maíz en las fincas cercanas. Con los ahorros de varios meses dedicados a la agricultura, levantó en 1983 las paredes de la humilde vivienda que recuperó cuando “pasó la inundación”. Pero el deterioro que provocó la humedad obligó a su familia a mudarse.
En la casa de muros cuarteados y techo roto ya no hay muebles. Un solo mecedor sigue en la sala, junto a la moto Gaspar. El “medidor”, como lo llaman sus vecinos, duerme solo. Por  temor a que la casa se les “venga encima”, decidió llevar a su mujer y dos de sus hijos a vivir en el Barrio Abajo, en la calle 10 entre carreras 7 y 8.
El pesar de abandonar el hogar que tanto le costó construir, y el miedo de que los “malandros” lo invadan, ha evitado que se vaya con los suyos. Teniendo casa propia, pagan $120.000 mensuales por el arriendo de la otra vivienda, con tal de sentirse seguros.


“Me gustaría que me ayuden a reparar mi casa, solo necesito materiales de construcción para que no se me caiga”, dice Pino, quien en una caja de cartón atesora las libretas de registro de los niveles del agua que el Ideam le entrega periódicamente.
El agua se llevó todo. Un ventilador de aspas azules aplaca el calor en la habitación de Gaspar. No hay puerta, solo una pequeña cama cubierta por delgadas sábanas de color pastel.
Es uno de los 92.000 damnificados por la fuerza con la que las aguas del Canal del Dique arremetieron el 30 de noviembre de 2010 en cinco municipios del sur del Atlántico, tras la abertura de un boquete de 214 metros sobre la carretera que comunica a Santa Lucía con Calamar, Bolívar.
Luego de la inundación en su casa apenas se lograba ver el techo, según señala, ya que los cerca de 1.700 metros cúbicos de agua del río Magdalena que entraron por segundo a través del boquete cubrieron todos los predios de su vecindario, como ocurrió también en Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria y Repelón.
Gaspar sigue haciendo su misión voluntaria solo con la ayuda de un lápiz, papel y miras milimétricas, con las que identifica el nivel de las aguas. En mayo de 2013, el Ideam invirtió $44.000.000 en la rehabilitación de la estación donde trabaja, proceso que realizaron en las otras 23 sedes de control.
La dotación tecnológica con la que cuenta  San Pedrito solo es utilizada por expertos en ingeniería, que calculan la velocidad de las corrientes.
“La regla no falla. Ella es clara y muestra la verdad”, comenta Pino, mientras se quita los lentes para secarse el sudor de la frente.
No le interesa ser reubicado en alguna de las casas prefabricadas entregadas por el Gobierno Nacional, solo desea que su casa vuelva a ser verde menta, como antes, y que el dibujo del conejo amarillo que cuelga sobre la pared de la sala vuelva a tener su sofá debajo.
“No tengo nada ahora mismo. Estoy solo desde que se secó el agua. Un hijo mío, que es profesor, a duras penas puede ayudarme. Me tocará seguir pagando arriendo hasta que Dios quiera”, remata con la mirada perdida entre las ventanas sin cristal de la fachada.
Una profunda grieta recorre el centro de la vivienda, levantó la débil capa de pintura blanca que recubre los bloques de cemento, y amenaza con convertirse en un boquete que dejará al descubierto la tristeza que consume al moreno nacido el 6 de marzo de 1948.
Todavía recuerda el mes en el que se ‘sumergió’ en la misión de observar, fue en julio. Aprendió esto hace unos cuarenta y pico de años, su tío atendía cuando el Ideam tenía otro nombre. Dos crecientes han pasado sin que reciba auxilio, “pasó la de 1984 y no recibí nada, y luego la del 2010 y tampoco. Al principio, cuando esto se empezó a secar, nos dijeron que nos iban a pagar arriendo y nos iban a dar una ayudita. No soy ingrato, no me quiero ir, sino componerla”, remata el miembro del cabildo cimarrón en el que sobrellevan las penas al son de los cantos.

Texto publicado el 31 de julio de 2014 en el diario EL HERALDO. Barranquilla, Colombia.

domingo, 28 de septiembre de 2014

Polémica por decreto que censura disfraces de Carnaval

La norma prohíbe la participación de “todo tipo de disfraces con alusiones vulgares o morbosas ,que atenten contra asuntos sagrados, autoridades y condiciones políticas”

Un curioso artículo contenido en el octavo capítulo del Decreto número 0045 –expedido por la Alcaldía Distrital el 16 de enero de 2013– y que es todavía desconocido por muchos, ha generado polémica entre algunos actores del Carnaval y las autoridades, pues prohíbe la participación en estas festividades de “todo tipo de disfraces con alusiones vulgares o morbosas y aquellas que atenten contra asuntos sagrados, la dignidad humana y el respeto por las autoridades”.
Para conocer cuáles serían las implicaciones de esta medida en la libertad de expresión de los carnavaleros, EL HERALDO consultó a expertos como el sociólogo Guillermo Mejía, quien explica que lo que caracteriza a los cuatro días de jolgorio es la autonomía de la que gozan los ciudadanos para manifestarse.
“La picaresca como parte de la cultura está enraizada en nuestro imaginario colectivo, como expresión de aquellas situaciones que se viven en la cotidianidad, donde lo fálico y lo sexual tiene unas identificaciones que son aprovechadas en festividades de arraigo popular como el Carnaval. Desde allí, destacamos lo que no se puede cambiar en la vida real”, argumenta Mejía.
Mientras que para el actor y director de teatro barranquillero Darío Moreu el Carnaval no puede estar mediado por la censura, lo que manifiesta el jefe de Inspecciones y Comisarías, Ricardo Cantillo, es que lo que se pretende es que haya más respeto por la tradición.
“Aquí cualquiera se puede disfrazar de lo que quiera, nosotros no estamos restringiendo nada. Una persona se puede disfrazar de monseñor, político o general de la policía, pero que lleve un letrero que diga que la institución es corrupta o que falte el respeto, eso no se puede permitir. Lo que no queremos es que se atente contra la dignidad humana”, sostiene Cantillo.
La interpretación de esta norma varía según el espectro desde el cual se analice, tal como lo argumenta el investigador de las costumbres de la Región Caribe Édgar Rey Sinning, para quien estas fiestas son un espacio que gana el pueblo para reivindicar su libertad.
“El Carnaval es el mundo al revés, es el desorden, el caos; pero que se regule es otra cosa. El uso indebido de disfraces para cometer actos vandálicos sí es condenable, porque si algo tiene esta fiesta es que es una propuesta de la sociedad a la paz”, dice Sinning.
El debate, acerca del respeto a la diferencia ideológica como principio de convivencia trae a la mente la imagen del controversial disfraz individual de Darío Moreu llamado ‘Sátiro alado’, que representaba a un personaje infernal con cuernos y un enorme miembro viril, que fue premiado con un Congo de Oro en el año 1998.
“Cualquier mofa o cosa erótica que se maneje hace parte de una simbología universal. Me parecen absurdas las medidas que limiten la libre expresión en el marco de lo carnavalesco, porque cualquier expresión puede ser vista como irrespetuosa. Deberían preocuparse por restringir otro tipo de cosas que aludan a agresiones, tanto a la violencia física como sexual, que se maneja en torno a la publicidad”, destaca Moreu.
En materia jurídica, la lectura de este artículo no dista mucho de la opinión de los sociólogos, pues de acuerdo con el abogado Fernando Borda, el hecho de que la prohibición consignada en dicho decreto no cuente con el respaldo de una sanción puntual, demuestra que carece de mérito legal.
“Me parece una tontería lo que han hecho con ese tipo de norma, que atenta contra la esencia misma del Carnaval y las libertades públicas. Lo dejaron como un mensaje abierto, no se atrevieron a establecer una sanción –no sé si fue por error técnico– pero me parece contrario al concepto de las fiestas que impongan una sanción a alguien que se esté burlando de las autoridades dentro de los cuatro días de fiesta, porque esa es la esencia de los carnavales en todas partes del mundo”, comenta Borda.
Ante la discusión de si son o no normas de orden que limitan las libertades, la directora de Carnaval S.A., Carla Celia, argumenta que este no es un tema fácil.
“Toda reglamentación que defienda el respeto a la dignidad humana será acatada por el Carnaval de Barranquilla”, puntualiza Celia. 
Las bromas propias de los eventos carnestoléndicos, los juegos de doble sentido y la oportunidad de reseñar entre chiste y chanza a los escándalos políticos, sociales y hasta sexuales de personajes de talla mundial serían controlados a través de este artículo, de acuerdo con lo expuesto por la secretaria de Gobierno, Josefa Cassiani.
“Todo aquello que exhiba un aspecto vulgar será expulsado de los eventos masivos, en el caso de estar participando. Necesitamos el acompañamiento de la comunidad, para que dé aviso a la Policía en caso de observar algún disfraz de esos. Vamos a estar con inspectores y comisarios en los eventos, tratando de hacer controles respectivos”, expresa Cassiani.
Pese a que el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia señala que las expresiones artísticas son libres, los expertos coinciden en que estas manifestaciones pueden ser obscenas para unos, pero para otros no.
“Si llega a existir una actitud de parte de la autoridad local que pudiera estar contradiciendo cierta tradición obscena y sexual del Carnaval tendrían entonces que entrar a revisarse también los contenidos de las letanías como vivencia popular. Y, si vamos a tener en cuenta esas posibilidades de poder entrar y decomisar todo aquello que representa obscenidad, entonces esta fiesta está siendo abocada desde unos referentes de valores que la gente no va a aceptar; porque eso es una mascarada en la que durante cuatro días afloran los sentimientos que no pueden ser censurados”, concluye Mejía.
Texto publica en el diario EL HERALDO el 18 de febrero de 2014. Barranquilla, Colombia.